Fábricas electrónicas y de electrodomésticos, proponen cambiar convenio laboral para mejorar productividad y bajar el ausentismo

DOMINGO, 16 de julio de 2017.- Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector y la productividad de sus recursos, las ensambladoras electrónicas y de electrodomésticos de Tierra del Fuego presentaron un plan de 14 puntos al Gobierno.

La UOM firmó en 2010 con quien que representa al sector industrial, AFARTE, el acuerdo para la implementación de los denominados  “contrato basura”.

La “precarización laboral” acordada las ensambladoras y los sindicalistas, fue homologada por el Ministerio de Trabajo de Nación a instancias de las relaciones carnales entre la dirigencia sindical, los dueños de las ensambladoras y el gobierno nacional.

En Tierra del Fuego algunos formadores de opinión tienden a confundir los negocios multimillonarios del capitalismo  prebendario que encarna AFARTE con las banderas de la “soberanía nacional” o la “industrialización de la provincia”.

Mientras los trabajadores sufrían el “maltrato” de los contratos basura y los sindicalistas jugaban a la alta política,   los socios de AFARTE  arrasaron con todo. Sus “descomunales” ganancias  no fueron invertidas en la provincia. Tal es así que  las ganancias de las ensambladoras de Tierra del Fuego fueron destinadas al armado  una flota pesquera con base en Santa Cruz, que  es la mayor exportadora de calamar de la Argentina, y la adquisición de una mina de oro, entre otras inversiones.

Ahora que estamos en tiempo de “vacas flacas” la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) no quiere poner el cuerpo, y para no disminuir sus ganancias, plantea que es necesario cambiar el convenio laboral  vigente para mejorar la productividad y bajar las altas tasas de ausentismo. 

Reclaman una “simplificación de procesos”, lo que significa bajar el costo de los insumos nacionales, que no pueden competir con los importados.

Otro reclamo es por los altos costos logísticos y aduaneros pero también por lo que sale pagar la seguridad para los camiones que transportan tecnología en las rutas del sur.

Entre las compañías amparadas en el régimen, que dicen haber sufrido “un daño importante” en los últimos años, criticaron además que el Gobierno no haya convocado a la mesa sectorial que había prometido y que sí se volvió una referencia para petroleras, automotrices, construcción y textiles, entre otros.

Por otro lado, pese al impacto en el consumo, entre los productores de la isla indicaron que el programa Precios Transparentes -que discriminaba el precio de pago contado del pagado con tarjeta de crédito- bajó los precios de algunos bienes. Se trata de una medida que los mismos empresarios habían impulsado junto a la Secretaría de Comercio. En Tierra del Fuego, las ensambladoras son comercializadores directos.

En el Gobierno afirman que el régimen que beneficia fiscalmente a las ensambladoras está asegurado hasta 2023, pero no más allá. “Lo que quieren discutir en la mesa es esa extensión, pero éste no es el momento”, cuestionó un funcionario.

En Manaos, Brasil, dicen los empresarios, el régimen fue prorrogado hasta 2073. En el Gobierno admitieron que “el clima” es distinto con otros sectores. Recordaron además los beneficios del “paraguas” aduanero y el “impuestazo tecnológico” de 2013, que benefició a las firmas con “importantes ganancias”.

“Hay que mejorar el convenio con la UOM para bajar el costo de la mano de obra, aumentar la productividad y dar premios al presentismo”, estimó el ejecutivo de una de las grandes fábricas en esa provincia. En otra de las grandes firmas de Río Grande confirmaron que ése es uno de los principales 14 puntos presentados al Gobierno.

Los salarios en la isla son un 205% más altos que en el promedio nacional, estima un informe que la consultora privada Abeceb elaboró para la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Allí también señalan “rigideces en los procesos productivos“.

El ausentismo llega a picos del 17%, existe una alta tasa de delegados (200% más que el del Smata, por ejemplo) y existe “dificultad para incorporar nuevas tecnologías”. En Tierra del Fuego trabajan -estiman- unas 10.000 personas específicamente bajo el régimen industrial promocionado. Un 75% pertenece a la electrónica. En 2015, dicen en el sector, eran 13.000. En las empresas se negaron a dar información sobre las ventas y ganancias.

Un segundo punto, entre los 14, tiene que ver con lo que en las empresas laman “simplificación de los procesos productivos”. 

 Se trata, explicaron, de establecer qué insumos tiene sentido integrar nacionalmente y cuáles no de cara a los consumidores finales. Básicamente, para los industriales de la isla hay algunos insumos que es preferible importar antes de encarecer sustancialmente el precio final con producto nacional. Hay insumos nacionales, estimó Abeceb, que cuestan un 400% más caros que los importados. Estos últimos representan el 33% del precio final de un producto, mientras que los nacionales son el 1 por ciento.

Otro punto que destacan en Tierra del Fuego refiere a la falta de infraestructura y los altos costos logísticos. Además de los problemas portuarios que tiene la provincia, los empresarios reclaman por los elevados costos de seguridad que deben pagar para acompañar los camiones con productos tecnológicos. “Las deficiencias en infraestructura aumentan el costo logístico en hasta 42% para la electrónica”, indicaron. “Los costos y tiempos aduaneros son terribles. Tenemos puertos del tercer mundo para querer participar en el primer mundo. A veces estamos con la mercadería inmovilizada hasta 15 días”, cuestionaron.

En el Ministerio de Producción dijeron que nunca dejaron de escuchar al sector. Para las mesas de competitividad existentes, el Gobierno cree que existe “perspectiva de potenciar el sector y un horizonte de largo plazo”

 

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