«Las bajas de pensiones por invalidez se deben a irregularidades detectadas», dijo Macri

MIÉRCOLES, 14 de junio 2017.- Según trascendió en los últimos días, la quita alcanzó a beneficiarios cuyos cónyuges percibían una pensión o jubilación, o tengan un ingreso formal superior a tres salarios mínimos (que se encuentra en 8.060 peso), o posean bienes como un automóvil.

La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social confirmó este lunes las bajas en pensiones por invalidez, pero advirtió que «tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas».

«En modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios.

Las revisiones son una obligación de todos los gobiernos», indicó la CNPA en un comunicado. Según informó, por este motivo «en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones», mientras que «el padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes».

El presidente de la Comisión, Guillermo Badino, señaló además que «en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios».

«Hoy hay municipios con el 38 por ciento del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido. Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo», señaló, al negar que la decisión esté vinculada al pedido del presidente Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2 por ciento de déficit fiscal.

A quienes alcanza

El Ministerio informó, de todos modos, que si algún pensionado «es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos», por lo que solicitó que los pensionados se dirijan a los Centros de Atención Local que correspondan a su domicilio. Remarcó, además, que las suspensiones «no suponen la quita de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, las que se mantienen mientras el pensionado solicita la rehabilitación».

La pensión mínima por discapacidad es de 4.400 pesos pero la mayoría cobra 7.000: según trascendió en los últimos días, la quita alcanzó a beneficiarios cuyos cónyuges percibían una pensión o jubilación o tengan un ingreso formal superior a tres salarios mínimos (que se encuentra en 8.060 pesos), o posean bienes como un automóvil.

Las bajas en las pensiones por invalidez comenzaron a conocerse a través de las redes sociales y rápidamente fueron advertidas por referentes de la oposición: este lunes, la expresidenta Cristina Kirchner y dirigentes alineados con Sergio Massa cargaron duro contra el Gobierno y cuestionaron sus políticas sociales.

«Los que con dificultad tienen un techo para vivir también se quedaron sin pensión. Algunos de los criterios que se usaron para retirar pensiones no contributivas fue que el beneficiario posea bienes, por ejemplo, un auto», subrayó la exmandataria a través de redes sociales. Por el massismo, la diputada Mirtha Tundis remarcó que «ya no es novedad que el Gobierno le siga quitando los derechos a los que menos tienen» y sostuvo que «aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo».

«El Gobierno, al igual que hizo con el PAMI, se agarra de casos puntuales en los que hubo abusos, los cuales deben ser corregidos, para recortar gastos, quitar derechos y utilizar el presupuesto en publicidad. Estamos ante un conflicto social creciente del que el Gobierno no parece tomar nota», señaló su par Daniel Arroyo.

Por su parte, el referente del GEN, Juan Carlos Juárez, afirmó que «es incomprensible que el Gobierno Nacional busque reducir el déficit fiscal ajustando a los sectores más vulnerables de la sociedad» y agregó que «la decisión del Gobierno de Mauricio Macri atenta contra un derecho humano esencial como lo es el de la igualdad de oportunidades para que las personas con alguna discapacidad puedan desarrollarse normalmente dentro de la sociedad».

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