JUEVES, 14 de diciembre 2017.- El Gobierno provincial decidió ayer, lo que era un secreto a voces desde hace meses, suspender operativamente al cuartel de Bomberos Zona Norte, el cual se encontraba intervenido hace 6 años por malversación de fondos por parte de un comandante, Eduardo Solari, el cual fue desplazado en esa época. La medida fue tomada con el acuerdo de Horacio Galego, quien comanda la Federación de Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego, quien no es bombero, y su única experiencia con el fuego se circunscribe a apagar el fuego de los asados que realiza con los funcionarios del gobierno de Bertone.
Durante estos años, el cuartel estuvo a cargo de Ramón López, dejando en evidencia el doble esfuerzo que debieron hacer los bomberos voluntarios para mantener el cuartel y las unidades.
Lo increíble es que el Gobierno justifica la intervención de su propia intervención, debido a la falta de respuestas a las emergencias y los problemas de operatividad constatados por el subsecretario de Defensa Civil y Gestión de Riesgo, Claudio Núñez Fucito.
Parece que Nuñez Fucito cuando cruza la cordillera sufre un problema de pérdida de memoria, o de amnesia, porque se olvida que en Río Grande las autobombas arriban a los siniestros casi siempre, con un solo bombero en dotación o son utilizadas para el riego de parques y jardines. Estas son las particularidades de los funcionarios del gobierno de Bertone que actúan según la cara del cliente, claro el cuartel de bomberos de Pascual Lombardo junto a la Cooperativa Eléctrica, fueron dos enclaves estratégicos para la campaña electoral de Rosana en Río Grande.
El incoherente de Núñez Fucito, dijo que “para resguardar y salvaguardar la seguridad pública se decidió que la jurisdicción del ‘Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zona Norte’ sea cubierta por la ‘Agrupación de Bomberos 2 de Abril’, a cuyos efectos emitimos la Resolución 32/17”. Claro a Nuñez Fucito no le preocupa que en Río Grande la gente muera atrapada en los incendios, total siempre existe algún juez dispuesto a mandar preso a los familiares para que nadie reclame justicia.
El funcionario señaló que “en los últimos meses notamos fallas en la parte operativa, con algunos desajustes en el tipo de trabajo que se realiza” complicando “la pronta respuesta” que se le debe dar a la comunidad.
Además observó que no se tenían “los móviles en tiempo y forma y no se estaba respondiendo adecuadamente ante una emergencia”, situación que fue evaluada por un equipo de inspección de Defensa Civil Provincial, a cargo del director Provincial de Coordinación Oscar Cuevas, «que constató la imposibilidad de atender algunas alertas que se dieron para poder controlar el tiempo de efectividad y trabajo”.
“Se decidió que estaba comprometida la operatividad y la seguridad de la población”, dijo, y anotó que dicho cuartel tenía “una jurisdicción bastante importante, agravada por la densidad poblacional de este sector, quien incluye la zona alta de difícil acceso”.
Añadió que la nueva Intervención se abocará a “generar las mejoras que le devuelvan la operatividad propia al Cuartel de Bomberos Zona Norte” y aclaró que las medidas adoptadas tienen por objeto “salvaguardar la seguridad de la población y proteger a los bomberos de ese Cuartel, que siempre han realizado un trabajo loable”.
A partir de esa medida, el abogado Ricardo Climent fue designado como nuevo Interventor, en remplazo de López.
Una maniobra para tapar una deuda
Pese a la decisión del Gobierno, una fuente señaló que la nueva intervención y el desplazamiento de López se debe a la deuda de 11 millones de pesos en concepto de subsidio que mantiene el Gobierno para el cuartel. Esa deuda generó un malestar dentro del cuerpo bomberil y como respuesta el Gobierno decidió dejar a Zona Norte bajo el cuartel 2 de Abril. “Esta movida es toda una mentira para tapar la deuda del Gobierno. Durante 6 años no vinieron a salvarnos. Ahora concluyen una intervención y comienza con otra”, repudió la fuente en declaraciones al medio Ushuaia 24.
Consultado sobre la “falta de operatividad y respuesta en las emergencias” como acusó el Gobierno, la fuente señaló que “esto es simple el gobierno no puede responder por la plata que por ley le debe a los cuarteles” e insistió en que “esto es para tapar la boca de los bomberos”.
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