Compras secretas de Gorbacz y Murray: Sospecha de sobreprecios y proveedores que venden equipamiento para interceptaciones telefónicas

MARTES, 28 de noviembre de 2017.- El  Tribunal de Cuentas de la provincia remitió a la legislatura un detalle de los expedientes intervenidos y auditados de la Secretaría de Seguridad, en el marco de compras directas sin licitación con carácter de secretas.

El Secretario de Seguridad Ezequiel Murray  no pudo justificar los gastos con carácter de secreto por ante la Comisión de presupuesto,  donde se  hizo público gastos por  17 millones  de pesos. Posteriormente se sumaron 5 millones más de gastos secretos y sin licitación pública.

El Tribunal explica que el alcance de la contratación directa, es la no obligación de publicar la convocatoria, pero cuestionó el carácter secreto que se le imprimió a las compras, y de esto dejó constancia en las observaciones.

En la primera parte del expediente aclara que la tarea de control concluye cuando el área, en este caso la Secretaría de Seguridad, cumple con el envío de las actuaciones para el control posterior, dado que hubo tres expedientes exceptuados del control preventivo, dos a pedido de Murray, y uno a pedido del jefe de gabinete Leonardo Gorbacz.
Salvo el expediente de compra secreta tramitado en 2016, no hay resolución ni aprobación de los dos restantes a los que se hizo referencia en la comisión de presupuesto y luego en conferencia de prensa, y todavía deberán levantar las observaciones.

Los expedientes que desataron la polémica y enojaron a Murray, a punto tal que en la última reunión de comisión se negó a dar explicaciones, llevan los números 2972-SS/17y 6960-SS/17, en este caso el solicitante es Gorbacz, a cargo de la Secretaría de Seguridad.

Pero hay un tercer expediente, que en realidad es el primero, porque se tramitó en 2016 y lleva el número15146-SS/16. Según consta en el informe, el secretario Murray solicitó la excepción de control preventivo para la compra de “equipamiento destinado a tareas de prevención e investigación del delito, control de delitos complejos y narcocriminalidad, todo ello en el marco de investigaciones judiciales”, por lo cual encuadra en el artículo que prevé la “contratación bajo secreto”, con el argumento de que “ventilar la tecnología referida desvirtuaría el objetivo tenido en miras”, debiendo rendir las erogaciones para el control posterior.

El Tribunal le aclara por nota al secretario Murray que la compra se autoriza bajo su responsabilidad “ante la eventual generación de perjuicios fiscales, como también respecto de incumplimientos a la normativa en los que pudiera incurrir, dándole un plazo de 20 días después de efectuados los pagos para hacer la rendición”.
En marzo de este año el secretario pidió una prórroga de 11 días para la presentación de la documentación, que le fue concedida, y la ingresó el 6 de abril, tras pagar el equipamiento con fecha 20 de febrero.

Al no haber observaciones, concluyó la intervención del Tribunal en este expediente. En ningún punto hay detalle de las compras realizadas y el Tribunal aclara que, si bien “a priori no pueden definir si corresponde la excepción”, le fue otorgada al secretario Murray, bajo su entera responsabilidad.

El expediente 2972-SS/17, por más de 17 millones de pesos, fue el primero que se conoció en la reunión de comisión de presupuesto que terminó suspendida, y uno de los funcionarios del área de Seguridad había argumentado que se destinaron a obras en el destacamento policial de Puente Justicia. Pocos días después, en conferencia de prensa encabezada por el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, se explicó que se trataba de equipamiento para la lucha contra el narcotráfico, del que no podían dar detalles para no anoticiar a los delincuentes.

Sin embargo lo que escribieron fue otra cosa, más allá de las palabras y las gacetillas de prensa. Lo cierto es que este expediente tramitó la compra de “equipamiento para el desenvolvimiento operativo de unidades especiales y la unidad científica de la policía provincial”, fue exceptuado el control preventivo a pedido del secretario Ezequiel Murray, quien recibió la misma advertencia del Tribunal respecto de su entera responsabilidad en esta compra por incumplimientos del procedimiento y ante cualquier perjuicio fiscal, debiendo hacer la rendición a los 20 días de efectuado el pago.

Un párrafo describe claramente el objeto de la compra: “Los elementos fueron presupuestados por la firma PUNTO DE IMPACTO y reúnen todas las características necesarias para las labores realizadas por nuestras unidades especiales en materia de control de disturbios y antimotines”, escribió Murray en la nota elevada al Tribunal de Cuentas, sin una letra donde se detalle la lucha contra el narcotráfico.

La lista de proveedores involucrados en esta compra de 17 millones es interesante: por decreto 812/17 del 29 de marzo de este año, se aprobó la adjudicación de la compra directa a las empresas GLOBALPLAT S.A., Metrología Davnar S.A., Vivas Julio Alejandro (de Río Grande, venta de equipos informáticos), Punto de Impacto S.A. y Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

El monto involucrado en esta compra es de $17.781.711,59 y, en el marco del control posterior, una vez remitido el expediente y con demoras -porque Murray solicitó prórroga por 20 días tras ser notificado del vencimiento de los plazos-, hubo una consulta del auditor fiscal Leonardo Barboza, respecto del alcance de la normativa que prevé la compra secreta de este equipamiento.

El abogado del Tribunal de Cuentas Christian Andersen, en su informe legal ante esta consulta interna, responde con la observación de que “el Poder Ejecutivo Nacional ha declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad esta excepcional e indelegable”, y agrega que “no encuentra vigente otra normativa para el caso de los procedimientos encuadrados en el inciso h del artículo 18 de la ley provincial 1015”, que fue el invocado por el Secretario de Seguridad para justificar la compra secreta.

En el detalle de los pagos realizados, se puede observar la lista de proveedores y qué tipo de equipamiento proveen.

El grueso del monto de este expediente de poco más de 17 millones fue destinado a la firma Emprendimientos Patagónicos SRL, que representa una de las compañías más importantes de la región que trabajan con tecnología aplicada a la seguridad, y consiste en “seguridad de las comunicaciones, contramedidas electrónicas, telefonía fija y móvil encriptada, videocámaras y equipos de audio, equipamiento especial para seguridad y fuerzas armadas, encriptación de documentos, telefonía móvil especial y software de reconocimiento de voz”. Esta empresa recibió $13.033.240 del total.

Le sigue la firma Punto de Impacto S.A., proveedor de “armas y accesorios tácticos, equipos antidisturbios y seguridad electrónica”, a quien realizaron compras por $3.448.200.

En tercer lugar, aparece Globalplat S.A., proveedor especializado en equipamiento forense, como luces especiales, reactivos físicos y químicos, elementos para recolección de evidencia y equipamiento de laboratorio, y la compra directa y secreta fue de $804.090.

En cuarto lugar se incorpora Metrología Davnar S.A., especializada en instrumentos de mediciones, como los utilizados en detección de fallas en cables subterráneos, generadores de corriente continua, geófonos para detectar movimiento de suelo por explosivos, entre otros. La compra fue por $467.157,59.
Finalmente surge un proveedor local, Vivas Julio Alejandro, vendedor minorista de Río Grande de equipamiento informático, a quien se le compró equipamiento por $29.024.

Fuente: p23

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