LUNES, 11 de abril 2016.-El Organismo emitió una declaración unánime cuestionando fuertemente a los gremios de fueguinos y sus dirigentes por inducir a los trabajadores «a cometer hechos ilícitos» y exponerlos a «severas sanciones». Ratificaron que «la libertad sindical existe» pero que las manifestaciones deben darse «en un marco que no ponga en riesgo la institucionalidad y mucho menos la voluntad de un pueblo».
En presencia de representantes laborales de cada una de las provincias, se llevó a cabo la 93º Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, organismo que tiene por objetivo fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias.
Como representantes de Tierra del Fuego, asistieron el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Carrera, junto al subsecretario Ramiro Aquino.
Como temarios de dicha jornada, se eligieron las autoridades del Consejo Federal del Trabajo, donde la Provincia de Salta obtuvo la Presidencia del Consejo Federal del Trabajo y la Provincia de Tierra del Fuego fue designada en la Presidencia de la Comisión de Asociaciones Profesionales y Relaciones Sindicales.
El Ministro Claudio Carrera tuvo su espacio para disertar sobre la situación de conflictividad, referenciándose a lo que ocurre en la provincia, hecho que derivó en una declaración por unanimidad del Consejo.
El documento que fue suscripto por los representantes de las Carteras laborales de todas las provincias del País, comienza diciendo que:
«En el marco de la 93º Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo de la República Argentina, realizada en la Provincia de San Juan, los días 07 y 08 de Abril de 2016, sus miembros presentes deciden por unanimidad efectuar la siguiente declaración:
Ante los graves hechos que suceden en la provincia de Tierra del Fuego, este Consejo Federal del Trabajo con la participación de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales se ve en la necesidad de ratificar que los derechos constitucionales y las leyes que reglamentan su ejercicio deben ser respetados, para el caso la ley de Asociaciones Sindicales, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el único legitimado para inscribir y otórgales personería gremial (Art. 56 Ley 23551).
Asimismo que toda organización sindical de trabajadores, no puede inducir a sus afiliados a cometer hechos que puedan ser considerados como ilícitos, esto pone en riesgo la vida, seguridad y salud del resto de la población, violando la paz social, elemento sustancial de la vida democrática de nuestro país.
Los gremios, como cualquier integrante de la sociedad Fueguina y Argentina están obligados a respetar las normas de convivencia, la ley y las buenas costumbres, que fortalezcan las instituciones democráticas y el disenso en que toda sociedad se desarrolla.
Queda claro que impedir el funcionamiento del poder ejecutivo de un gobierno, justificándolo en requerir que el poder legislativo modifique su postura es extorsivo, inconstitucional y viola la independencia de poderes. Los gremios no pueden ampararse en su inscripción o personería gremial para cometer actos fuera de las prerrogativas que le otorga la ley de asociaciones sindicales, poniendo en riesgo a sus trabajadores y exponiéndolos a sanciones severas, tanto a ellos como a la organización sindical.
Por lo expuesto este Consejo Federal del Trabajo, reitera el respeto al estado de derecho, la plena vigencia de la legislación laboral de fondo y hace un llamado a todas las autoridades laborales del país, que referencien lo ocurrido en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a fin de evitar acciones similares a la acontecida, porque lo que parece ser un beneficio, en realidad resulta perjudicial para los trabajadores.
La libertad sindical existe y debe ser ejercida con responsabilidad, debe ajustar su ejercicio a las normas emanadas del estado de derecho, dado que los trabajadores se agrupan para defender sus derechos y lograr conquistas para sus representados, pero siempre en un marco de respeto a la institucionalidad, sin vulnerar la voluntad de un pueblo que con su voto soberano espera de un gobierno la equidad y la justicia social en cada una de sus acciones».
Carrera destacó la declaración emitida de forma unánime por el Consejo Federal de Trabajo, «que dejó muy claro y firme la idea que la libertad sindical existe, pero sin dudas tiene que cumplir con ciertas normas».
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