Murray en lugar de perseguir el delito, manda a la policía a hostigar a los inspectores de tránsito que dan clases de educación vial en escuelas

VIERNES, 6 de octubre 2017.-  Personal policial perteneciente a la Comisaría 3ra. de Chacra II, por directivas emanadas  del Secretario de Seguridad Ezequiel Murray, procedió a identificar a los inspectores municipales de tránsito que brindaban una clase de educación vial en el Colegio Provincial “Soberanía Nacional”.

Lamentablemente el Secretario de Seguridad Ezequiel Murray está más preocupado por hostigar y hacerle inteligencia política a los trabajadores municipales, en lugar de perseguir el crimen y la narcocriminalidad que crece en la provincia.

Es evidente que la dirección del Colegio provincial tenía conocimiento que se trataba de personal perteneciente al Cuerpo de Inspectores Municipales de Río Grande, no eran desconocidos para las autoridades escolares. Lo sorprendente fue que, personal policial perteneciente a la Comisaria 3ra, que actúa bajo las ordenes del Comisario Juan Díaz, y que nada tenía que hacer allí, porque se trataba de una clase vial,  se hicieron presentes con el objetivo de hostigar a los inspectores que brindaban una clase de educación vial.

Complicidad del gremio ATE

Esta situación que afecta el desempeño laboral de los trabajadores municipales, parece no preocuparle a la Asociación Trabajadores del Estado, que está más ocupada en “hacer migas” con Rosana Bertone y Leonardo Gorbacz que en defender los derechos de sus compañeros municipales.

Es normal ver como la ATE emite comunicados de repudio, y como el tero grita en un lado, mientras pone los huevos en otro. Pero no deja de sorprender hasta donde han llegado las relaciones carnales con Rosana Bertone que ya ni defienden a sus compañeros cuando son hostigados por el Estado a través de la fuerza pública.

Hostigamiento contra la Municipalidad y accionar de dudosa legalidad

No hay que ser muy inteligente para  darse cuenta que el gobierno utiliza  la policía de la provincia como si se tratara de  una especie de “policía política”. Pero lo llamativo es que el Comisario que recibe las directivas desde la superioridad,  tiene la obligación de “revisar la legalidad de la orden que le imparten”, ya que no  existe “la obediencia debida a una orden ilegal”. La policía de la provincia no es una institución del Estado constituida para que el gobernador de turno y sus lacayos la utilicen para actividades políticas, sino para la prevención y la represión del delito.

Cabe destacar que la dirección del Colegio Soberanía Nacional no requirió la presencia policial porque existía una situación irregular, o porque se estaba cometiendo un delito. El accionar policial fue lisa y llanamente  de “hostigamiento” a otros funcionarios públicos que cumplían su deber de contribuir con la seguridad pública vial en la ciudad.

 

 

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