Aprueban la ley que quita la patria potestad a los condenados por femicidio

JUEVES, 1 de junio 2017.- La ley se inspiró en uno de los tantos femicidios que conmovió al país: el de Rosana Galliano, asesinada en 2008 por su marido José Arce, en la casa que compartían en Exaltación de la Cruz; sus dos hijos, Gerónimo y Nehuén, ahora conviven con el homicida. Esta situación, de la que se cuentan decenas de casos en todo el país, cambiará radicalmente ahora que el Senado sancionó por unanimidad una ley que les quitará la responsabilidad parental -conocida como patria potestad- a los femicidas.

La privación de la patria potestad, de hecho, alcanzará a los condenados por homicidio agravado por el vínculo, femicidio, lesiones gravísimas contra el otro progenitor o contra el hijo y abuso sexual contra el menor. Se incorporó, además, la suspensión de la responsabilidad parental cuando el juez dicte el procesamiento del acusado.

Esa suspensión, en cambio, no se aplicará en el caso de una mujer que sea procesada por la Justicia cuando, en legítima defensa, haya asesinado a su pareja mediando violencia de género previa.

“El objetivo es evitar que los hijos que pierden a su madre a causa de un femicidio queden a cargo de su padre, es decir, del victimario. Esta ley resguarda a los niños y las niñas de ser víctimas por partida doble o ser revictimizados”, explicó la senadora Marina Riofrío (FPV), autora de la iniciativa. “Es una medida de justicia y de protección para los hijos que lograron sobrevivir al horror del femicidio”, expresó.

El proyecto había sido aprobado inicialmente por el Senado, pero en abril pasado Diputados lo aprobó con modificaciones. La Cámara alta, finalmente, aceptó los cambios por unanimidad y sancionó la ley.

La flamante norma aprobada ayer, que modifica el Código Civil y Comercial e incorpora los artículos 700 bis, 701 bis y 702 bis, establece que se privará de la responsabilidad parental a quien sea condenado “como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género”.

Además extiende la privación para aquella persona que haya sido condenada “como autor, coautor instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal (lesiones gravísimas) contra el otro progenitor”. La quita de la patria potestad también alcanzará a quienes sean condenados por delitos contra la integridad sexual de un hijo o una hija.

En el recinto, la senadora Riofrío exaltó la sanción de la ley y criticó el derrotero judicial que tuvo el caso de Rosana Galliano. “La Justicia siguió consintiendo la responsabilidad parental sobre los hijos de ambos, con el agravante de que están a su cargo porque [el padre] tiene prisión domiciliaria”, cuestionó.

Por otra parte, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados otra serie de iniciativas vinculadas con la violencia de género. Una de ellas propone instrumentar una ayuda económica destinada a las mujeres que, como consecuencia de situaciones de violencia de género en el ámbito convivencial, carezcan de recursos económicos para subsistir e independizarse del agresor.

“Este proyecto tiene el propósito de contribuir a que estas personas, que están pasando por una difícil situación, tengan, por parte del Estado, una contención que sea limitada en el tiempo, pero que les garantice salir de este tipo de situaciones de vulneración de sus derechos”, expresó la senadora Sigrid Kunath (FPV), autora de la iniciativa.

Otro de los proyectos que ayer obtuvo media sanción fue el que dispone una reparación económica para niños y adolescentes víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar de sus progenitores.

“El proyecto no es un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica por parte del Estado hasta que estos niños y adolescentes cumplan 21 años. Es un paso muy importante en el camino de garantizar derechos”, enfatizó el senador Jaime Linares (GEN).

Por último, el Senado dio media sanción a una iniciativa que propone otorgar una reparación a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. El proyecto, que también se giró a Diputados, establece una pensión graciable por el término de diez años para las personas damnificadas por este delito cuando existiera sentencia firme.

Asistencia legal para las víctimas de delitos

El Senado aprobó por unanimidad, y devolvió a Diputados, el proyecto de ley de protección, derechos y garantías de las víctimas de delitos, que tiene como fin la tutela integral y el asesoramiento a los afectados directos o a sus derechohabientes, que podrán seguir de cerca las actuaciones judiciales.

La principal modificación que introdujeron los senadores fue la creación de un cuerpo de defensores de la víctima en cada provincia. El proyecto reconoce a las víctimas derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad en la Justicia. Deberán recibir durante los procesos un trato digno y respetuoso, podrán requerir medidas de protección, intervenir como querellantes, aportar datos, exigir un resarcimiento y solicitar medidas coercitivas.

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