Procesaron a Lagomarsino como presunto partícipe necesario del asesinato de Nisman

MARTES, 26 de diciembre 2017.- El juez federal Julián Ercolini procesó este mares al técnico informático Diego Lagomarsino , colaborador del fiscal Alberto Nisman, en la causa por la muerte del procurador, informaron fuente judiciales.

El magistrado procesó a Lagomarsino como presunto “partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas” y le dictó un embargo de sus bienes por 15 millones de pesos (unos 818.000 dólares).

El juez mantuvo la decisión de que Lagomarsino porte una tobillera electrónica y no pueda salir del país.
Otros procesamientos

Ercolini también dictó el procesamiento de Rubén Fabián Benítez, Néstor Oscar Durán, Luis Ismael Miño y Armando Niz, custodios de Nisman, por presunto incumplimiento de los deberes y encubrimiento.

Sobre el hecho

Nisman, que investigaba el atentado de 1994 contra la mutualista judía Amia, apareció muerto con un tiro en la cabeza en enero de 2015, días después de realizar una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández (2007-2015), por presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el ataque terrorista.

El colaborador informático ya estaba imputado en la causa por prestar a Nisman el arma que acabó con su vida y en reiteradas ocasiones ha asegurado que se la pidió el propio fiscal para proteger a sus hijas.

El caso dio un giro después de que la Gendarmería nacional presentara en pasado septiembre un informe elaborado por una junta de especialistas policiales y peritos que estableció que dos personas golpearon, drogaron con ketamina y asesinaron a Nisman en su casa, lo que aleja, según la Justicia, la teoría del suicidio.

En declaraciones a medios locales, antes de conocerse la noticia de su procesamiento, Lagomarsino puso en duda el peritaje realizado por la Gendarmería y sostuvo que cree que Nisman murió por un “autodisparo”.

Lagomarsino, que compartía una cuenta en el exterior con Nisman, afirmó además que durante siete años le dio el 50 % de su sueldo al fiscal como un “requerimiento” para poder trabajar con él.

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