JUEVES, 20 de julio de 2017.- Prófugo de la Justicia desde hace casi nueve meses, el cuñado de Julio De Vido pronto afrontará un problema adicional para permanecer en la clandestinidad. El Gobierno ofrecerá una recompensa por cualquier dato que permita arrestarlo, según adelantaron fuentes oficiales.
La recompensa por esos datos sobre el prófugo Claudio «Mono» Minnicelli sería de $ 250.000, y su anuncio depende de la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para su posterior publicación en el Boletín Oficial.
El cuñado de De Vido se encuentra prófugo desde el 25 de octubre del año pasado, cuando el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky lo llamó a indagatoria por delitos que podrían llevarlo a prisión hasta 10 años y ordenó su captura nacional e internacional a través de Interpol.
Aguinsky consideró que había indicios suficientes para considerar que Minnicelli y otras siete personas -algunos de ellos funcionarios de la Aduana- integraban una «mafia de los contenedores», supuesta asociación ilícita destinada a contrabandear mercadería que terminaba en la feria de La Salada.
El cuñado de De Vido jamás se presentó en Tribunales, aunque sus abogados interpusieron un pedido de exención de prisión -es decir, solicitó continuar en libertad si salía de la clandestinidad e iba al juzgado-, pero chocó con la negativa de la fiscalía.
Los investigadores sospechan que el cuñado de De Vido cuenta con algún tipo de apoyo externo que le provee de fondos frescos o, incluso, datos de inteligencia.
En esa línea, por ejemplo, el juez Aguinsky destacó, al ordenar la captura de todos los sospechosos, que Minnicelli y el resto de la supuesta banda coordinaban esfuerzos para ocultar sus operaciones de la Justicia, dado que ya estaban al tanto de la investigación penal en su contra, que primero instruyó el juez federal Ariel Lijo y luego el propio Aguinsky.
Por su parte, tanto De Vido como su esposa, Alessandra Minnicelli -quien como número dos de la Sigen debía encargarse de controlar a su esposo-, han optado por el silencio público sobre el «Mono», su situación procesal o su eventual paradero. Algunas pistas lo ubicaban en Colón, Entre Ríos, en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el conurbano.
Según la investigación judicial, Minnicelli integraría un grupo de funcionarios de la Aduana y empresarios liderados por Oldemar Carlos «Cuki» Barreiro Laborda, dedicado a destrabar el ingreso al país de decenas de contenedores con mercadería ilegal importada de China.
En cuestión de días, uno de los detenidos, Federico Tiscornia, pidió acogerse a la figura del arrepentido y complicó a Barreiro Laborda, supuesto informante, a su vez, del titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión.
Tiscornia, hermano del ex juez del fuero en lo penal económico Guillermo Tiscornia, confirmó también varios tramos de la operatoria ilícita e involucró al «Mono» Minnicelli.
«Barreiro Laborda me decía que en caso de no poder comunicarme con él lo efectuara con Claudio Minnicelli, quien era su mano derecha», detalló Tiscornia, cuyos abogados pidieron que quedara asentado en el acta de su declaración indagatoria que espera obtener los beneficios previstos en la ley del arrepentido que ya había aprobado el Congreso, pero que el Poder Ejecutivo aún no había publicado en el Boletín Oficial.
Tanto Minnicelli como su socio Barreiro Laborda quedaron comprometidos en la investigación penal a partir de las escuchas que se acumularon en el expediente durante meses, con datos sobre cómo ingresaban contenedores con mercadería ilegal a cambio del pago de sobornos y cómo interactuaban con el ex jefe de la Aduana de Buenos Aires Edgardo Paolucci, entre otros.
Desde entonces, la fiscal Gabriela Ruiz Morales, ya pidió la elevación a juicio oral de la causa, en la que también apareció el coreano Sung Ku Hwang, apodado «Mister Korea», quien se encargaba de conseguir clientes, y terminó arrestado, el mes pasado, en el aeropuerto de Ezeiza.
Por su parte, Barreiro Laborda, Minnicelli y Tiscornia, entre otros, ya habían quedado bajo sospecha judicial cuando la ministra Bullrich había radicado una denuncia penal, dos meses antes, que alcanzó a Gómez Centurión, quien se apartó del cargo hasta que la Justicia lo exoneró y retornó a la Aduana.
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