JUEVES, 3 de septiembre 2026.- El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó el anuncio y planteó que la soberanía nacional no puede reducirse exclusivamente a una cuestión militar, sino que también requiere industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente.
En ese sentido, Pérez sostuvo que el anuncio presidencial debe ser analizado en el marco de las políticas implementadas por la actual administración nacional y a poco más de un año de las elecciones legislativas de 2027.
El jefe comunal consideró que Milei busca recuperar terreno político después del impacto negativo que, según su análisis, tuvieron algunas de sus recientes posiciones vinculadas a la cuestión Malvinas y su relación con el Reino Unido.
“Un año de las elecciones, y después de que su burla a la Selección Nacional en el partido ante los ingleses impactara negativamente en su imagen y en la de su gobierno, el Presidente intenta tapar su entreguismo hasta que termine el ciclo electoral de 2027”, cuestionó Pérez.
El intendente fue aún más duro al referirse a la política exterior y de defensa del Gobierno nacional. “Después volverá el Javier Milei de siempre, o peor: el que se desespera por una visita al Reino Unido, el admirador de la criminal de guerra Margaret Thatcher, el que obliga a nuestros militares a buscar un segundo empleo y el que remata terrenos estratégicos de las Fuerzas Armadas”, afirmó.
La discusión por el Atlántico Sur
Pérez también puso el foco en la actividad hidrocarburífera desarrollada alrededor de las Islas Malvinas y cuestionó el avance de empresas vinculadas a proyectos offshore.
Según planteó, durante la actual gestión nacional Sea Lion tomó la decisión final de inversión, cerró su financiamiento y avanzó hacia la etapa de desarrollo, mientras que Navitas había sido declarada ilegal e inhabilitada durante 20 años en 2022 por su participación en el proyecto y Rockhopper había recibido una sanción similar en 2013.
El planteo busca instalar una discusión más amplia sobre qué entiende el Gobierno nacional por soberanía en el Atlántico Sur: la presencia militar, por un lado, y la defensa de los recursos naturales y el desarrollo económico de Tierra del Fuego, por otro.
La Base Naval y una obra paralizada
En relación con la infraestructura militar anunciada por Milei, Pérez recordó que la Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a ejecutarse en 2022 y posteriormente quedó paralizada durante la actual gestión nacional.
Por eso, el intendente cuestionó que el Gobierno presente ahora el financiamiento de la obra como una nueva iniciativa estratégica, cuando —según sostuvo— ya existía un proyecto en marcha.
La discusión adquiere especial relevancia para Tierra del Fuego por su ubicación geográfica, su cercanía con la Antártida y su posición estratégica sobre el Atlántico Sur y el Canal Beagle.
La otra cara de la soberanía: el trabajo
Pérez vinculó directamente la cuestión de la soberanía con la crisis industrial que atraviesa Tierra del Fuego.
De acuerdo con los números expuestos por el intendente, en 2023 la provincia contaba con 11.282 trabajadores industriales, mientras que en 2026 esa cifra habría descendido a 6.680, lo que representa una pérdida de 4.602 puestos de trabajo y una caída del 40,8%.
A esto sumó el impacto que, según su planteo, tuvieron medidas como el arancel cero para celulares importados y la reducción a cero de los aportes obligatorios al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), herramientas que considera fundamentales para sostener la producción y avanzar en la diversificación de la economía fueguina.
“En Río Grande, cada puesto de trabajo que se pierde afecta familias, proyectos de vida y arraigo”, remarcó.
Para Pérez, la discusión sobre la soberanía de Tierra del Fuego debe incluir necesariamente la capacidad de la provincia para sostener una población estable y generar oportunidades de desarrollo.
“Tierra del Fuego necesita industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente. El arraigo también forma parte de la soberanía”, sostuvo el intendente.
El cruce vuelve a poner a Tierra del Fuego en el centro de una discusión política de alcance nacional: mientras el Gobierno de Milei presenta el fortalecimiento de la infraestructura de Defensa como una herramienta para recuperar capacidad estratégica en el Atlántico Sur, desde Río Grande cuestionan que esa política pueda considerarse soberana si, al mismo tiempo, se profundiza la pérdida de empleo industrial y se debilitan las herramientas de desarrollo productivo de la provincia.
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