JUEVES, 12 de febrero 2026.- En una sesión que se extendió por más de 16 horas y estuvo atravesada por fuertes cruces políticos, el Gobierno nacional consiguió aprobar en el Senado la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de su agenda económica. Con 42 votos afirmativos y 30 negativos, el oficialismo logró relegar al kirchnerismo y consolidar una mayoría articulada junto a sectores dialoguistas.
La iniciativa ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley. Si no hay modificaciones que obliguen a una segunda revisión en el Senado, el Gobierno quedará a un paso de sancionar la primera reforma laboral integral desde el regreso de la democracia, luego de múltiples intentos frustrados en décadas anteriores.
Una mayoría ajustada pero firme
El respaldo de La Libertad Avanza (21 votos), sumado a la UCR, el PRO y bloques provinciales, permitió sostener la mayoría tanto en la votación en general como en los 26 títulos en particular. Aunque hubo tensiones de último momento por cambios introducidos desde la Casa Rosada, el oficialismo funcionó con disciplina quirúrgica para evitar fisuras.
Las negociaciones incluyeron concesiones estratégicas: se eliminó el artículo que otorgaba alivio en Ganancias a grandes empresas —una señal hacia gobernadores—, se mantuvo el 6% destinado a obras sociales y se moderó la propuesta original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), vinculado a indemnizaciones. También se sostuvieron aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales, aunque con topes más bajos, un punto que generó resistencia interna incluso en el PRO.
Además, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una maniobra cuestionada por la oposición por no haber tenido tratamiento formal en comisión.
El debate: reforma estructural o flexibilización encubierta
La discusión dejó en evidencia la grieta política y conceptual sobre el modelo laboral argentino.
Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió la reforma como una “batalla histórica” contra un sistema “obsoleto y extorsivo” que —según sostuvo— empujó al país a un 43% de informalidad. En la misma línea, el senador Agustín Monteverde habló de un “régimen siniestro” que generó “salarios pobres y costos desorbitados”.
La narrativa libertaria apuntó contra la llamada “industria del juicio” y contra estructuras sindicales que, según el oficialismo, desincentivan la creación de empleo formal.
Del otro lado, el kirchnerismo denunció una flexibilización encubierta. Mariano Recalde sostuvo que “ninguna reforma laboral flexibilizadora generó empleo”, mientras que José Mayans calificó la iniciativa como “abiertamente inconstitucional” y cuestionó la credibilidad del presidente Javier Milei.
Incluso sectores peronistas no alineados marcaron diferencias. La salteña Flavia Royón advirtió que la ley “no va a crear empleo por sí sola”, aunque consideró necesario reducir la resistencia a la formalización. Otros legisladores acompañaron en general pero objetaron artículos sensibles, especialmente el FAL y la continuidad de aportes obligatorios.
Sindicatos, justicia laboral y el fondo de la disputa
Uno de los ejes más controversiales fue el sostenimiento de aportes compulsivos a sindicatos y cámaras empresariales. El PRO había anticipado su rechazo a ese punto, pero finalmente acompañó la redacción impulsada por el oficialismo.
El FAL también generó cuestionamientos por su futura administración y por el impacto que podría tener en el régimen indemnizatorio.
Para el Gobierno, la reforma busca “dar previsibilidad y seguridad jurídica” y reducir la litigiosidad. Para la oposición, representa un avance sobre derechos laborales conquistados y un debilitamiento del sistema de protección vigente.
Victoria política del oficialismo
Más allá del contenido técnico, la aprobación representa una victoria política para la Casa Rosada. El oficialismo consiguió ordenar a sus aliados, neutralizar resistencias internas y superar una ofensiva discursiva del kirchnerismo en un tema históricamente sensible.
La vicepresidenta Victoria Villarruel condujo la primera parte de la sesión, aunque luego cedió la presidencia en la votación en particular. En los palcos siguieron el debate funcionarios clave del Ejecutivo, en una señal del peso político que el Gobierno le asignó a la jornada.
Ahora la disputa se traslada a Diputados, donde el escenario será más complejo y las negociaciones volverán a activarse. El oficialismo buscará evitar cambios que demoren la sanción definitiva.
La reforma laboral ya superó su primer gran test político. La batalla final se jugará en la Cámara baja.
Quiénes son los senadores que rechazaron la ley
El rechazo sumó 30 votos. Fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.
Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.
Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.
Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.
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