VIERNES, 23 de enero 2026.- En medio del debate nacional por una posible reforma laboral impulsada por el Gobierno, desde el extremo sur del país surge una voz que reclama que los cambios no se diseñen de espaldas al territorio. Así lo expresó a ElFueguino Leonardo Ariel Aguilar, secretario general de UATRE Seccional 993 y delegado provincial del RENATRE, quien aseguró que el trabajo rural requiere una mirada federal, con controles efectivos y políticas que protejan a los trabajadores.
— En un contexto donde el Gobierno nacional impulsa una reforma laboral muy discutida, ¿cuál es su mirada desde el sector rural?
La discusión sobre la reforma laboral no puede darse de manera abstracta ni desconectada de la realidad productiva del país. Cuando se plantea una flexibilización generalizada, el impacto no es el mismo en todos los sectores. En el trabajo rural, donde ya existen altos niveles de informalidad, estacionalidad y desigualdad estructural, cualquier retroceso normativo termina profundizando la vulnerabilidad de los trabajadores.
No se trata de negar la necesidad de modernizar normas, sino de definir para quién se moderniza. Si la reforma se piensa solo en términos de reducción de costos laborales, el resultado es más precarización. Si se piensa desde la registración, la capacitación y la trazabilidad del empleo, entonces puede ser una oportunidad. Hoy, lamentablemente, el enfoque dominante va en detrimento de los trabajadores y particularmente de los rurales.
— ¿Por qué cree que el trabajo rural queda especialmente expuesto frente a estos cambios?
Porque históricamente fue tratado como un “sector excepcional”, donde muchas veces lo excepcional terminó siendo la falta de derechos. Jornales mal registrados, pagos que no reflejan los ingresos reales, dificultades para acceder a la seguridad social, a créditos o a una jubilación digna.
Una reforma laboral que no contemple estas particularidades, lejos de resolver el problema, lo consolida. Desde nuestra experiencia territorial vemos que menos controles y menos Estado no generan más empleo formal, generan más abuso. Y eso no es una opinión ideológica: es un dato que se repite en cada fiscalización.
— Justamente, en Tierra del Fuego vienen realizando un fuerte trabajo de fiscalización. ¿Qué balance hacen?
Muy positivo, pero también muy realista. Desde la Seccional 993 de UATRE y en articulación con RENATRE venimos sosteniendo tareas de fiscalización constantes, incluso en condiciones climáticas y geográficas complejas.
Esto permitió detectar irregularidades, mejorar niveles de registración y, sobre todo, instalar el mensaje de que el trabajo rural existe, se controla y se defiende, incluso en el extremo sur del país. Ahora bien, también vemos los límites del sistema actual: normativas que no se adaptan a la realidad productiva y procedimientos que llegan tarde frente a actividades estacionales. Por eso insistimos en que hace falta una reforma, sí, pero una reforma inteligente y con mirada federal.
— Desde una seccional considerada “chica” en términos numéricos, ¿cómo se construye una voz nacional?
Justamente desde el territorio. Ser la seccional más austral del país no es una debilidad, es una fortaleza política y técnica. Acá todo cuesta más: fiscalizar, registrar, capacitar, llegar. Y si algo funciona acá, puede funcionar en cualquier lugar del país.
Mi convicción es que el sindicalismo del siglo XXI tiene que combinar gestión, datos y presencia real. No alcanza con el discurso. Hay que mostrar resultados, construir propuestas y animarse a decir lo que no funciona, incluso hacia adentro. Esa es la única forma de aportar a una agenda nacional seria.
— En el plano local, recientemente firmaron un convenio con el municipio para un terreno destinado a la sede gremial. ¿Qué representa ese paso?
Es un hecho profundamente simbólico y concreto a la vez. El convenio firmado con el Municipio de Río Grande para la cesión de un terreno donde construiremos la sede de UATRE representa algo muy claro: el trabajo rural tiene raíces, identidad y futuro en Tierra del Fuego.
No es solo un edificio. Es un espacio de encuentro, formación, contención y organización para los trabajadores y trabajadoras rurales. En tiempos donde algunos plantean achicar derechos y estructuras, nosotros apostamos a fortalecer comunidad y presencia institucional.
— Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a quienes hoy definen políticas laborales a nivel nacional?
Que escuchen más al territorio. Que no diseñen reformas desde escritorios alejados de la realidad productiva. El trabajo rural necesita reglas claras, controles eficaces y un Estado que acompañe, no que se retire.
Desde el sur del país estamos dispuestos a aportar experiencia, diagnósticos y propuestas. Porque defender el trabajo rural no es frenar el desarrollo, es garantizar que el desarrollo sea justo, sostenible y verdaderamente federal.
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