MIÉRCOLES, 11 de febrero 2026.- En el marco del inicio del tratamiento legislativo de la reforma laboral y de la movilización convocada por la CGT frente al Congreso Nacional, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) adhiere a la jornada de protesta en todo el país.
Desde Tierra del Fuego, el secretario general de la UATRE Seccional Río Grande, Leonardo Aguilar, sostuvo que el debate parlamentario excede la coyuntura política y debe analizarse en función de sus efectos reales sobre los trabajadores, particularmente en actividades con características estructurales singulares como el empleo rural.
“El trabajo agrario tiene dinámicas propias: estacionalidad, dispersión geográfica, contratación temporal y fuertes asimetrías entre las partes. Por eso cualquier modificación normativa debe evaluarse con una mirada federal y productiva”, expresó el dirigente.
Aguilar puso el foco en los mecanismos de remuneración contemplados en el proyecto, señalando que la posibilidad de pactar componentes salariales en especie o bajo esquemas alternativos exige especial cautela en contextos donde el control efectivo del salario resulta determinante para la autonomía económica del trabajador.
“La Argentina ya conoció experiencias históricas donde el salario no era plenamente líquido. En la Patagonia de principios del siglo XX existieron sistemas de pago indirecto que generaban dependencia económica. Nadie afirma que el proyecto actual reproduzca esos modelos, pero es indispensable evitar incentivos que puedan derivar en distorsiones”, advirtió.
El referente sindical explicó que el problema central no radica únicamente en la forma jurídica del pago, sino en la garantía de que la remuneración conserve su carácter de ingreso transparente, verificable y libremente disponible.
“Modernizar el marco laboral no puede significar relativizar la esencia del salario. La prioridad debe seguir siendo registración real, claridad en la remuneración y capacidad de fiscalización durante la vigencia efectiva de los contratos”, sostuvo.
Finalmente, Aguilar remarcó que el debate legislativo representa una oportunidad para incorporar la perspectiva de las economías regionales y del interior productivo en discusiones que suelen concentrarse en dinámicas urbanas.
“El país necesita reglas modernas, pero también realistas. El desafío es mejorar la formalidad laboral sin debilitar la seguridad jurídica ni la protección del trabajador”, concluyó.
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