VIERNES, 18 de julio de 2025.- Vialidad Nacional es un organismo clave del Estado, encargado de planificar, construir y mantener la red vial nacional. Su labor es fundamental para garantizar la conectividad y el desarrollo económico del país, facilitando el transporte de personas y bienes a lo largo y ancho del territorio. Desde su creación, Vialidad ejecutó proyectos de infraestructura vial esenciales que contribuyen a la integración regional y al acceso a zonas productivas y turísticas.
En este contexto, el pasado 7 de julio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. El funcionario confirmó que la medida fue ordenada por el presidente Javier Milei y se concretará a través de un decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial. Sin embargo, antes de dar a conocer la noticia, Adorni mostró un video e hizo referencia a “irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre el año 2003 y 2015” y detalló que eso fue parte del “pináculo de un esquema de corrupción por el que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner”. “No se concluyeron las rutas y la plata se la quedaban igual”, aseguró el vocero presidencial.
Pero la justicia puso un freno a la medida. Según se supo este jueves 17 de julio, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, bajo la magistratura de Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende durante seis meses la ejecución del cierre de Vialidad Nacional.
De esta manera, la resolución ordena al Ejecutivo abstenerse de llevar adelante cualquier acción administrativa derivada del decreto, incluyendo traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o la supresión de estructuras vinculadas a Vialidad.
La jueza Forns destacó que la Dirección Nacional de Vialidad es “una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar tanto en el ámbito privado como público, conforme a las disposiciones del decreto ley 505/1958”, y recordó que la relación laboral de su personal está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, subrayó que tanto la Constitución Nacional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular los convenios 87, 98 y 151, “impiden al Estado modificar unilateralmente las condiciones laborales que han sido acordadas colectivamente y que tienen plena vigencia”.
En ese sentido, el decreto del Gobierno “vulnera de manera manifiesta el principio de estabilidad laboral y los derechos sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al excluirlos de la protección de las convenciones colectivas vigentes y al intervenir arbitrariamente en materias que deberían resolverse mediante negociación colectiva y regímenes estatutarios”, señaló la jueza.
La magistrada también tuvo en cuenta el posible daño irreparable a derechos alimentarios derivados de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.
Por ello, en esta etapa preliminar, la medida cautelar busca evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La demanda fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que afirmó que las facultades delegadas al Gobierno no incluían la potestad de cerrar el organismo.
“Nos vienen amenazando hace un año y medio, psicológicamente que no sabemos nada desde hace más de un año y medio. Nos amenazaban con despidos, con un montón de otras cosas, pero nada concreto”, denunció la sindicalista.
RUTAS NACIONALES EN ESTADO CRÍTICO
El mantenimiento de las rutas nacionales está en jaque. “Las rutas están destruidas porque al no tener presupuesto para mantenimiento, ¿cómo haces?”, se preguntó García.
A pesar de la voluntad de los trabajadores, las limitaciones son evidentes: “Salimos, bacheamos lo que podemos con lo que tenemos y la gente está en la ruta siempre, sobre todo ahora en operativo invernal. Tenemos sal. Por suerte tenemos los equipos, lo que pasa es que somos muy pocos, no llegamos al recambio de la gente”.
La situación es tan crítica que los empleados deben cumplir funciones dobles y trabajar en condiciones extremas: “Cuando hay tormentas, la gente duerme cuando puede, lo poquito que puede y sigue trabajando. Hay gente que cumple doble función, que están 100 y que se tiene que ir a bachear o tiene que ir a operativo, la gente de balanza también. No es fácil para nosotros y no es que no esté la voluntad, sino que no está la decisión política en lo cual nosotros no tenemos nada que ver”.
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