Era un secreto a voces que el abogado Giménez venía realizando una serie de investigaciones sobre la obra pública de la gestión Melella y el presunto delito de peculado y sobreprecios. Los delitos de comprobarse, no quedarían allí, ya que además no solo salpicaría al entorno cercano al intendente Gustavo Melella sinó que además podrían quedar vinculados a la causa funcionarios del Tribunal de Cuentas ya que como órgano de control debieron haber denunciado las irregularidades.
GESTIÓN MUNICIPAL DE JORGE LUIS MARTÍN: HISTORIA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD JUDICIAL
Este es el primer caso donde se denuncia a funcionarios del Municipio por presuntos delitos vinculados a la obra pública durante la gestión de Gustavo Melella, lo que sorprende por la imagen de transparencia que siempre ha brindado el intendente surgido del riñón de Jorge Martín y de la Misión Salesiana.
Otra fue la situación de su padrino político, Jorge Martín quien fue denunciado por enriquecimiento ilícito por habersele comprobado la titularidad de más de 20 propiedades en Río Grande, pago de facturas a empresas privadas por obras que no realizaban y que se hacían con personal y herramientas municipales. Ingreso por la ventana de parientes y amigos de gremialistas y concejales de la oposición, coimas a través de una empresa de recolección de residuos que iban a parar a los bolsillos de los sindicalistas amigos de Martín.
Incluso en esos momentos se investigó la conducta de Juan Pipo Rodriguez y del actual integrante del directorio del BTF Gabriel Clementino, quien pasó por la Secretaria de Finanzas y posteriormente en un clima de total impunidad fue designado en el Tribunal de Cuentas Municipal para auditar su propio paso por la gestión municipal.
Por esos tiempo el recién llegado y designado Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, y el entonces Juez Ochoa se encargaron de limpiarle el camino a Martín, con instrucciones deficientes a propósito, para que la cámara finalmente sobreseyera a Martín y sus funcionarios.
Cuando un juez quiere hacer zafar a un político, habiendo prueba contundentes, instruye mal para que en una instancia superior la cámara de apelaciones resuelva un sobreseimiento por defectos formales en la instrucción.
En la gestión anterior de otro intendente radical, también padrino político de Jorge Luis Martín, contrataron a un abogado penalista, que incluso estuvo preso en la provincia de Buenos Aires, para que defendiera penalmente al padrino de Martín, situación que quedó probada cuando en una entrevista televisiva el abogado confesó junto al Secretario de Gobierno que «efectivamente» como era un buen letrado lo habían contratado para efectuar la defensa penal del entonces intendente por diversos delitos de corrupción.
Un concejal efectuó la denuncia que recayó en manos del entonces Juez Magraner, y entre las medidas de prueba se solicitó que secuestraran el vídeo a Canal 13. El director del Canal tuvo el vídeo durante tres años en la caja fuerte del canal esperando que la justicia fuera a buscar el vídeo cassette. Ese expediente judicial fue planchado, como generalmente se hace cuando se investiga a funcionarios políticos importantes.
Esperemos que Leonelli tenga un desempeño distinto del fiscal Quadrini, y de los jueces Ochoa y Magraner quienes en el pasado se caracterizaron por planchar causas de corrupción en la administración pública.
Comentario de Facebook