Por Leonardo Ariel Aguilar
En Argentina existe una vieja costumbre: discutir el trabajo rural desde la comodidad urbana. Se legisla lejos del barro, lejos de las distancias, lejos de la intemperie. Se habla de “modernización laboral” como si el campo fuera una abstracción económica y no un territorio donde miles de trabajadores sostienen la producción en condiciones que ningún despacho oficial experimenta.
El problema no es la palabra modernización. El problema es a quién moderniza y a costa de quién.
Cuando una reforma reduce el costo del despido, el mensaje real no es técnico ni neutro. Es cultural. Se instala la idea de que la estabilidad laboral es un obstáculo y no un factor de dignidad básica. Para un trabajador rural, la pérdida del empleo no es un evento administrativo: suele implicar la pérdida de ingresos, vivienda, arraigo y, muchas veces, de la posibilidad inmediata de reinsertarse en un mercado laboral limitado y estacional.
En el campo, la fragilidad no es una hipótesis. Es una amenaza permanente.
La flexibilización de la jornada laboral se presenta como un avance de eficiencia. Sin embargo, en actividades donde la capacidad de control del trabajador es mínima y la dependencia económica es extrema, la frontera entre flexibilidad y sobreexigencia se vuelve peligrosamente delgada. Lo que en la teoría jurídica aparece como “acuerdo voluntario”, en la práctica cotidiana puede transformarse en aceptación forzada: trabajar más hoy para conservar el puesto mañana.
La asimetría de poder no desaparece porque la ley la ignore.
Pero hay algo aún más inquietante. La indemnización por despido pasa a concebirse como la única reparación posible. Esta lógica no solo reduce márgenes de discusión futura, sino que redefine el vínculo laboral en términos estrictamente transaccionales. El trabajador deja de ser sujeto de tutela reforzada para convertirse en una variable de costo previsible.
Más calculable. Más prescindible.
El Fondo de Asistencia Laboral agrega una paradoja difícil de justificar en el sector con mayor informalidad histórica del país: no cubre trabajadores no registrados. Es decir, excluye precisamente a quienes padecen la mayor vulnerabilidad estructural. Se institucionaliza así una realidad incómoda: protección condicionada a una formalidad que el propio sistema laboral argentino nunca logró garantizar plenamente en el ámbito rural.
En otras palabras, el trabajador más débil vuelve a quedar fuera del resguardo.
También se introducen cambios en los períodos de enfermedad que, trasladados a la realidad del campo, adquieren otra dimensión. El trabajo rural es físicamente exigente, muchas veces desarrollado bajo condiciones climáticas extremas y lejos de centros de salud. Reducir ingresos en contextos de incapacidad laboral no es un ajuste normativo menor; es un factor de presión económica sobre personas que ya enfrentan barreras geográficas y sanitarias evidentes.
En la práctica, enfermarse puede convertirse en un riesgo financiero.
Nada de esto ocurre en un vacío social. El mercado de trabajo rural argentino no se caracteriza por la libre competencia de oportunidades, sino por limitaciones territoriales, escasa diversificación y fuertes dependencias económicas. Pretender que empleador y trabajador negocian en igualdad de condiciones no es una mirada moderna; es una ficción conveniente.
La verdadera modernización debería fortalecer al sistema productivo sin debilitar la posición del trabajador. Debería corregir distorsiones históricas sin ampliar desequilibrios estructurales. Debería reconocer que la eficiencia económica y la protección laboral no son enemigos naturales, sino variables que deben convivir para garantizar estabilidad social y desarrollo sostenido.
Porque cuando la modernización se traduce en mayor incertidumbre para quienes ya viven en la incertidumbre, el resultado no es progreso.
Es simplemente un cambio de nombre para viejas fragilidades.
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