VIERNES, 6 de febrero 2026.- Familias de retirados de la Policía de Tierra del Fuego volvieron a manifestarse este viernes para exigir una solución urgente al incumplimiento de la Caja Provincial, que mantiene una deuda de ocho meses en el pago de los haberes de retiro y dos aguinaldos. La protesta no es un reclamo más: es una exigencia por un derecho que, aseguran, fue trabajado y aportado durante toda una vida laboral.
“Nosotros ya no estamos reclamando, estamos exigiendo. Esto es un pago que nuestros esposos se ganaron trabajando”, expresó María, esposa de uno de los retirados afectados. Según detalló, son más de 540 familias policiales las que atraviesan una situación límite por la falta de ingresos.
La problemática golpea de lleno en hogares donde, en muchos casos, el haber de retiro es la única entrada económica. “Tenemos retirados con problemas de salud, otros con hijos con discapacidad. Hay familias que no pueden pagar deudas, alquileres o tratamientos médicos. Parece que el Gobierno no ve la realidad que estamos viviendo”, sostuvo.
Un sistema que aportaron y hoy no responde
Muchos de los afectados pertenecen a la antigua Policía Territorial, cuando Tierra del Fuego aún no era provincia. En aquel entonces aportaban al Ministerio del Interior. Con la provincialización, los aportes pasaron a una Caja Compensadora que incluye a personal territorial, provincial, penitenciario y civil.
“Ellos aportaron siempre. Incluso hoy, sin cobrar, siguen aportando tanto a la caja provincial como al Ministerio del Interior. La que nos debe es la provincia”, explicó María, desmintiendo versiones que señalan que los retirados ya perciben todo lo que les corresponde.
Además, advirtió que el problema no es solo de los territoriales: “Los que hoy están en actividad también aportan. El día que se retiren van a pasar lo mismo que nosotros si esto no se soluciona. Primero serán los penitenciarios y después los provinciales”.
Silencio político y falta de respuestas
Las familias aseguran que el Estado provincial mira para otro lado. En 2025 mantuvieron reuniones en la Legislatura, pero sin resultados concretos. “El presidente de la Caja nunca se presentó. Algunos legisladores dicen que no pueden hacer nada, pero ante la ley sí pueden. El gobernador también debería hacerse cargo si la Caja no puede pagar, pero ni siquiera nos recibe”, denunció.
Indicaron que solicitaron una audiencia formal el 12 de diciembre y hasta ahora no obtuvieron respuesta. Mientras tanto, el tiempo pasa y la deuda se acumula.
“Así como el gobernador se ocupa de otros conflictos, queremos que también se acuerde de las más de 540 familias policiales que hace ocho meses no cobran”, reclamaron.
La vía judicial no alcanza
El conflicto ya llegó a la Justicia. Los retirados iniciaron demandas y obtuvieron una sentencia favorable que reconoce sus derechos. Sin embargo, la resolución no se ejecuta.
“La Justicia nos da la razón, pero dice que tiene que decidir el Gobierno. Se pasan la responsabilidad entre ellos y nadie se hace cargo”, lamentó María.
“No pedimos privilegios, pedimos que paguen lo que deben”
Las familias fueron claras: no buscan beneficios extras, solo el cumplimiento de la ley. “Estamos pidiendo el haber de retiro que no se paga hace ocho meses y los dos salarios que también adeudan. Nada más y nada menos que eso”, afirmaron.
Mientras tanto, continúan visibilizando el conflicto en la calle, con la esperanza de que el Ejecutivo provincial deje de mirar hacia otro lado y dé una respuesta concreta antes de que la situación social de los retirados policiales siga deteriorándose.
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