VIERNES, 21 de agoto 2026.- La investigación legislativa por las autorizaciones otorgadas a Leolabs Inc. y Leolabs Argentina SRL sumó una nueva testimonial y volvió a poner el foco sobre el nivel de conocimiento que tenían distintos funcionarios respecto de la instalación del radar y la estación terrena en Tolhuin.
Durante la jornada de este viernes 21 de agosto, la Comisión Especial Investigadora recibió al exsecretario de Energía de la Provincia, Moisés Solorza, quien se desempeñó en el cargo entre 2019 y abril de 2023.
La legisladora Natalia Gracianía (LLA) explicó que durante la testimonial se consultó al exfuncionario si, mientras ejercía su cargo, tenía conocimiento de las solicitudes vinculadas con la instalación del radar. Según indicó, Solorza respondió que «no estaba al tanto» y que tampoco recordaba con precisión cuándo ni cómo había tomado conocimiento posteriormente de la existencia del dispositivo.
El exsecretario sostuvo además que durante su gestión al frente de Energía no había recibido información sobre el proyecto y señaló que los trámites relacionados con cuestiones energéticas y los permisos correspondientes eran gestionados por la Dirección Provincial de Energía.
Una investigación que busca determinar responsabilidades
La declaración se suma a una serie de testimoniales y documentación que viene recopilando la Comisión, cuyo objetivo es analizar y controlar las actuaciones administrativas relacionadas con las autorizaciones otorgadas a las empresas para instalar el radar y la estación terrena en Tolhuin.
Gracianía advirtió que todavía resta convocar a exfuncionarios nacionales y provinciales, además de funcionarios que actualmente integran el Gobierno de Tierra del Fuego, quienes serán citados próximamente.
En este contexto, la investigación busca establecer quiénes conocían el proyecto, qué organismos intervinieron, qué autorizaciones fueron otorgadas y qué responsabilidades políticas y técnicas podrían corresponder a los funcionarios involucrados.
La legisladora también señaló que la Comisión ya cuenta con una importante cantidad de material probatorio y remarcó que, como parte del mecanismo de transparencia, las testimoniales y la documentación incorporada quedan registradas mediante versiones taquigráficas y se encuentran disponibles para consulta pública.
Preocupación por el alcance del proyecto
El caso mantiene abierta una fuerte discusión política en Tierra del Fuego debido a las características del proyecto y a las dudas planteadas en torno a los procedimientos administrativos utilizados para autorizar la instalación del radar.
La Comisión Especial Investigadora es presidida por Pablo Villegas (MPF) y está integrada por Natalia Gracianía (LLA), María Laura Colazo (PV), Juan Carlos Pino (PJ) y Federico Scirano (FORJA). También participaron representantes de centros de veteranos de Malvinas y organizaciones no gubernamentales.
Mientras continúan las declaraciones y el análisis de la documentación, la principal incógnita que atraviesa la investigación es cómo avanzó la autorización de un proyecto de estas características y qué funcionarios tuvieron conocimiento o participación en cada una de sus etapas.
La investigación legislativa apunta ahora a profundizar esas responsabilidades y reconstruir el recorrido administrativo que permitió que el proyecto llegara a la instancia de instalación del radar en territorio fueguino.
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