DOMINGO, 1 de febrero 2026.- Mientras el presidente Javier Milei aseguró el 2025 ante la prensa nacional e internacional que logró sacar de la pobreza al 30% de la población —unos 15 millones de argentinos—, los indicadores sociales muestran señales de alerta. En 2024, la Argentina registró un incremento en la tasa de mortalidad infantil, la primera suba significativa desde 2002, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo al informe de Estadísticas Vitales, entre 2023 y 2024 la tasa pasó de 8 a 8,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa un aumento de 0,5 puntos luego de más de dos décadas de descenso sostenido. Durante el último año se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año en todo el país.
Aunque el número absoluto fue menor que en 2023 —cuando se registraron 3.689 muertes—, la caída de la natalidad hizo que la proporción de fallecimientos sobre nacidos vivos terminara aumentando, marcando un quiebre en la tendencia histórica.
El fenómeno, además, exhibe fuertes desigualdades territoriales. Corrientes presentó la tasa más alta del país, con 14 muertes cada 1.000 nacidos vivos, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). También se ubicaron por encima del promedio nacional provincias como Formosa y Santiago del Estero.
En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró la tasa más baja, con 4,9 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabezó la cantidad de fallecimientos con 1.236 casos, seguida por Santa Fe (275) y Córdoba (231).
Este repunte interrumpe una curva descendente que se mantenía desde comienzos de los años 2000 y, según especialistas, está vinculada a factores socioeconómicos, acceso al sistema de salud perinatal y profundas desigualdades regionales.
En paralelo, Milei sostiene que cuando asumió la pobreza alcanzaba el 41,7% y que actualmente se ubica en torno al 31,6%, siempre tomando como referencia datos oficiales del INDEC. Sin embargo, el contraste entre los anuncios presidenciales y la evolución de indicadores sensibles como la mortalidad infantil vuelve a instalar el debate sobre cuánto de la mejora estadística se traduce efectivamente en condiciones reales de vida.
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