LUNES, 17 de julio de 2017.- En una causa que desde el principio parece más «teñida de política«, que dirigida a la búsqueda de la verdad real, pudo conocerse que el segundo análisis de ADN dio negativo.
El objetivo de la primera y segunda prueba de ADN persigue determinar si el padre de los niños fallecidos en el incendio, fue el responsable del abuso sexual por el cual fue procesado, y que posteriormente la cámara de apelaciones confirmó con dos votos y uno en disidencia.
La tragedia ocurrida el 13 de mayo pasado, donde fallecieron Franco Ismael Lazarte (5), y Emili Celeste Lazarte (3), está revestida de elementos que la tornan más en «una causa política» que en un proceso investigativo independiente y profesional que busca arribar a la verdad real de lo sucedido.
Causa penal teñida de política
La detención de los familiares directos en forma inmediata, el procesamiento dictado por el juez instructor, y la confirmación por parte de la cámara del procesamiento y la prisión preventiva, fueron determinante para que el entorno de los menores fallecidos quedaran silenciados y las autoridades provinciales a salvo de cualquier «agitación social» por parte de allegados, amigos y vecinos.
Durante el incendio, quedó demostrado la incapacidad del estado para responder a situaciones de emergencia. No había ambulancia, medico ni enfermero en el barrio, la autobomba arribó con un solo bombero, y finalmente los niños debieron ser trasladaros en móviles de la policía provincial. Nunca se conocieron las circunstancias ni los hechos, hubieron mil versiones, todas contradictorias, y ninguna oficial.
Nunca se supo cual fue el comportamiento de los primeros respondientes durante la emergencia, quién rescató a los niños, si hubo una maniobra de ingreso desde un primer momento para rescatar a los menores atrapados.
Qué la familia terminara «guardada» y «sin poder reclamar nada» fue conveniente, especialmente para Bertone y el incompetente de su Secretario de Seguridad que tiene a su cargo la policía, bomberos de policía y a la defensa civil, que debe supervisar y controlar el correcto funcionamiento del servicio de bomberos.
El juez Sergio Manuel Dieguez procesó al padre de los menores por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo de los niños y lo responsabilizó del abuso de la niña fallecida, a pesar de no contar con un ADN concluyente que incriminara al progenitor.
Pero a Dieguez, curiosamente no se le ocurrió indagar sobre los servicios de emergencia. No se le ocurrió preguntar si se cumplieron los protocolos de respuesta a la emergencia, ni qué chance de supervivencia hubieran tenido los menores si la respuesta hubiese sido eficaz.
La verdad parece haberse perdido por los caminos de tribunales, ya que la propia Gobernador Rosana Bertone, dijo a los periodistas «que ellos (por el gobierno) ya sabían desde un primer momento que el incendio había sido intencional».
Dieguez, ex integrante de la lista de concejales del Frente para la Victoria en Azul, llegó flojito de papeles y con alguna causa sin resolver por ante el consejo de la magistratura, omitiendo en su declaración jurada que tenía un proceso penal en su contra por privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dieguez fue sobreseído horas antes de su nombramiento como juez, lo que le despejó el camino a «Leo» Gorbacz y a su grupete para que lo nombraran juez.
Dieguez no no va arriesgar su naciente carrera judicial sentando a la gobernadora en una audiencia para que bajo promesa de decir verdad, explique porqué dijo «que ellos sabían que el incendio había sido intencional desde un primer momento». Por lo pronto parece que estaba muy apurado en mandar tras las rejas al padre de la nena fallecida, que no tuvo tiempo de esperar la prueba concluyente de ADN. Menos aún, no iba a sentar su exjefe Ezequiel Murray a que brinde explicaciones porque las autobombas llegan a los incendios con un solo bombero, o porque la ambulancia del Hospital nunca llegó al incendio, o porque no se cumplen los protocolos en las emergencias.
Porque después de todo, la causa 28389/2017 está caratulada como «Comisaria cuarta s/investigación incendio fatal», y el magistrado, que es el director de la instrucción, tiene amplias facultades para investigar y adoptar las medidas de prueba para determinar las razones de la muerte de los niños y quienes, por acción u omisión son responsables.
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