VIERNES, 30 de mayo 2025.- El Colegio Médico Veterinario de Tierra del Fuego anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal que establece un sistema de guardias veterinarias rotativas obligatorias en la ciudad de Río Grande. La medida fue recientemente aprobada por el Concejo Deliberante, pero el Colegio considera que excede las competencias del ámbito municipal y vulnera derechos constitucionales.
El abogado Francisco Ibarra, representante legal del Colegio, explicó que la ordenanza impone obligaciones personales a profesionales independientes sin sustento legal. “Un Concejo Deliberante no tiene competencia para imponer este tipo de obligaciones ni sanciones. Incluso la Legislatura provincial carecería de atribuciones para legislar en esta materia, que es de carácter nacional”, advirtió.
Ibarra señaló que si bien se reconoce la necesidad de contar con un servicio veterinario disponible las 24 horas, esto no puede traducirse en una carga impuesta a profesionales sin respaldo del Estado. “Nadie niega la importancia del servicio, pero si se lo considera esencial, debe ser provisto y financiado por el Estado. No se puede exigir que los veterinarios sostengan guardias permanentes con sus propios recursos”.
Desde el Colegio remarcan que los costos operativos de una guardia veterinaria —infraestructura, personal, equipamiento— son inviables de afrontar individualmente, y que la ordenanza no contempla mecanismos de financiamiento ni apoyo institucional. “Es como pretender que un abogado deba atender urgencias las 24 horas todos los días, sin respaldo económico”, graficó Ibarra.
El recurso de inconstitucionalidad será presentado en los próximos días ante el Municipio. En caso de que sea rechazado, el Colegio adelantó que llevará el caso al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. También evalúan la posibilidad de recurrir al fuero correccional si se aplican sanciones económicas, que podrían ascender a 500 unidades económicas por cada incumplimiento.
“Hay jurisprudencia que respalda nuestra posición”, afirmó Ibarra, quien recordó que el artículo 14 de la Constitución Nacional protege el derecho al trabajo y prohíbe imponer cargas laborales por fuera de lo que establece la ley. “No se puede imponer una obligación privada sin recursos públicos ni un marco legal adecuado”, concluyó.
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